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Argentina: Las trabajadoras de casas particulares ahora tendrán derechos PDF Imprimir E-mail
Domingo, 24 de Marzo de 2013 22:13

destacada2empleadasLey de Contrato de Trabajo de Personal de Casas Particulares, regulará el trabajo del sector más importante del empleo femenino, un oficio ocupado en casi el 98% de los casos por mujeres. 

 

 

 

Por Comunicar Igualdad

Desde marzo del 2010, cuando la presidenta Cristina Fernández lo impulsó en la apertura de las sesiones ordinarias, el proyecto de ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Personal de Casas Particulares pasó por las diferentes cámaras del Parlamento hasta que finalmente fue convertido en ley el pasado miércoles 13 de marzo. La actual norma, que aún no está vigente, cubre un gran vacío en relación con los derechos laborales de las mujeres. Las personas empleadas en este sector son, según estadísticas del Ministerio de Trabajo, mayoritariamente mujeres (95%) y ocupan el 14% del total de puestos de trabajo femeninos, es decir que son el sector más importante del mercado laboral de las mujeres. Pero además, pertenecen a los grupos sociales más postergados y con baja instrucción, y son migrantes internas o externas y jefas de hogar. Es decir, un sector de la población femenina altamente vulnerable, que hasta ahora fue regulado por un decreto de la dictadura Libertadora (1956) que, entre otras discriminaciones, no les asignaba licencias por maternidad ni horas extras, establecía jornadas laborales de 12 horas y permitía que pudieran ser echadas si tenían una enfermedad prolongada.

El proyecto aprobado por la Cámara Baja el miércoles 13 –y que pone al país a tono con otros de la región que en los últimos años avanzaron en la regulación del sector desde un enfoque de derechos- no presenta cambios en relación al aprobado por el Senado en diciembre. Y, si bien las personas especializadas en el tema observan que aún persisten en él algunos elementos discriminatorios, es un avance enorme en relación a la situación legal que tuvieron hasta ahora las empleadas de casas particulares.

La actual normativa equipara al sector con el resto de las personas trabajadoras: tendrán una jornada de ocho horas diarias y 48 horas semanales, con descanso nocturno y reposo diurno; una licencia anual por vacaciones de 14, 21, 28 o 35 días, según la antigüedad de la trabajadora; licencia por maternidad de 90 días; licencias especiales por matrimonio, enfermedad, fallecimiento de familiares y exámenes; entre otros beneficios que gozan todas las personas en relación de dependencia.

En un sector con una altísima evasión impositiva por parte de empleadoras y empleadores, la nueva ley intentará generar una situación de mayor regularidad y a la vez de estabilidad para las mujeres empleadas. En este sentido, una de las mayores resistencias que el proyecto generó durante su tratamiento legislativo tuvo que ver con la inevitable alza de los aportes patronales. Si bien aún el Poder Ejecutivo no reglamentó la ley, desde el sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares (UPACP) hicieron llegar al Ministerio de Trabajo una estimación que rondaría el 10% del salario. Actualmente, el aporte patronal es una suma fija de 95 pesos sobre sueldos que varían entre los 2200 y 2800 pesos; sumando el seguro de trabajo que impone la nueva ley, y que se estima en 60 pesos, más la suba en el aporte actual, se estima que el total que deberán erogar las personas empleadoras rondarían aproximadamente los 220 pesos, nunca más del 10% del sueldo recibido por la persona empleada. En este monto también hay un aporte de las empleadas, que ronda el 1%. A pesar de que la modificación en el aporte no es significativa, esta negociación trabó muchísimo el avance del proyecto de ley en el Senado, razón por la cual se decidió que la definición de la suma aportada se realizaría en la etapa de reglamentación. Muchas y muchos senadoras/es, que manifestaban defender los derechos del sector patronal, señalaron en ese momento que la suba en los aportes era un impedimento para la sanción de la ley. Finalmente primaron los derechos de las mujeres trabajadoras, en muchos casos quienes acompañan la crianza y el cuidado de la prole de mujeres y varones empleadoras/es.

Otros aspectos pendientes de reglamentación, según explica Carlos Brasesco –abogado de UPACP-, pero que no deberían presentar conflictos, son el establecimiento de nuevas categorías de trabajadoras, ya que alguna presentes en el decreto de 1956 –como gobernanta, ama de llaves o institutriz- caducaron; la libreta laboral; algunos temas nuevos que instala la ley como las licencias por maternidad y el seguro de trabajo; la forma de pago y tributación; y la manera en que se dirimirán las controversias legales. En este sentido, actualmente sólo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza tienen tribunales especiales para resolver problemas del sector, el resto de las provincias los abordan en tribunales de trabajo comunes; pero con la nueva norma es esperable que en más jurisdicciones se abran también espacios de este tipo.