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México: Interrupción legal del embarazo y personalidad jurídica del no nacido PDF Imprimir E-mail
Jueves, 06 de Octubre de 2011 15:11

GeraldinaGonzlezExplicación de la discusión constitucional mexicana sobre la protección constitucional de la vida del que está por nacer, aborto y derechos sexuales y reproductivos, muy pertinente para la discusión actual en Chile sobre interrupción legal del embarazo.


 

 

Por Geraldina González de la Vega, publicado en Foco Público

 


En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Penal[1] para legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 primeras semanas de gestación[2], de dicha reforma derivaron acciones de inconstitucionalidad[3] interpuestas por el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quienes asumían que la reforma violaba el derecho a la vida del producto y el derecho de los hombres a la paternidad, entre otras cuestiones de invalidez planteadas. La sentencia de la Suprema Corte ratificó la constitucionalidad de esta reforma con el argumento de que el legislador es libre de determinar cuándo aprovecha o descarta la herramienta del derecho penal para proteger la vida, además de que determinó que el derecho a ser padre o madre es un derecho individual y no uno de ejercicio colectivo[4].

Como reacción a esta sentencia un significativo número de estados[5] comenzaron a reformar sus constituciones locales con el objetivo de proteger el derecho a la vida del no nacido[6]. No todas estas reformas, sin embargo, fueron redactadas en los mismos términos ni por tanto arrojan las mismas consecuencias. Y es este uno de los retos que tuvo la Corte recientemente con la revisión de dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las constituciones de Baja California y de San Luis Potosí.

Una primera distinción clave en este contexto, es que la vida del no nacido puede protegerse por dos vías:

  • Reconociéndole personalidad jurídica a nivel constitucional. Esto implica ser centro de imputación de derechos y obligaciones.
  • Reconociendo un derecho objetivo a la vida, es decir, como un valor en sí mismo, conmensurable y, por tanto, como un valor que el Estado debe proteger.

Otra distinción: no es lo mismo que algunos consideren que el no nacido es persona en el sentido de que sea un ser humano, a ser reconocido como persona jurídica. Lo primero no tiene consecuencias jurídicas sino morales, lo segundo tiene como consecuencia que se le reconozcan derechos e intereses que el Estado está obligado a defender.

La Constitución mexicana no reconoce de manera textual la personalidad jurídica del no nacido, y de la última decisión de la Corte sobre este tema[7], no se desprende que la mayoría de los ministros hayan determinado que el no nacido tiene personalidad constitucional, más bien interpretó que hay un deber de proteger su vida, como valor intrínseco que la comunidad reconoce. Por lo que determinar si los constituyentes locales estaban facultados para reconocerle personalidad jurídica a los no nacidos y proteger de manera absoluta su vida se trata de una cuestión de interpretación y esto fue lo que la Corte discutió entre el 26 y el 29 de septiembre pasados.

El Pleno de la Corte[8] revisó dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las reformas a las constituciones de Baja California[9] y San Luis Potosí[10]. El ministro ponente propuso la inconstitucionalidad de las normas impugnadas por dos razones: 1) los constituyentes locales no tienen la facultad para aumentar la población constitucional, es decir, la facultad para determinar quiénes son titulares de derechos pertenece al Constituyente General, y éste no ha reconocido personalidad jurídica al no nacido; y 2) al reconocerse personalidad jurídica al no nacido se vulneran los derechos de las mujeres y ello no es conforme con la Constitución.

Para declarar inválida una norma por contravenir a la Constitución mediante la acción de inconstitucionalidad se requieren 8 votos de los 11 ministros.

Los argumentos de los ministros se pueden dividir en cuatro grupos: los que estuvieron por la constitucionalidad de la norma con fundamento en la libre configuración del legislador (Pardo y Luna); los que estuvieron por la constitucionalidad de la norma con fundamento en el derecho a la vida del no nacido (Aguirre y Ortiz); los que estuvieron por la inconstitucionalidad de la norma con fundamento en la incompetencia del legislador local (Aguilar y Valls); y los que estuvieron por la inconstitucionalidad de la norma con base en los derechos fundamentales, especialmente la libertad sexual y autonomía reproductiva de la mujer (Franco, Cossío, Sánchez, Zaldívar, Silva).

Los argumentos a favor de la constitucionalidad se centraron en que dado que la Constitución General no determina desde cuándo se debe proteger la vida, los constituyentes locales pueden hacerlo con base en su facultad para aumentar la protección de los derechos. Para los ministros de la minoría el derecho a la vida del concebido está reconocido en la Constitución General en tanto que se establecen disposiciones que protegen a la mujer trabajadora gestante. Los ministros Ortiz y Aguirre además, argumentaron que el derecho a la vida del no nacido goza de preminencia frente a las libertades de la mujer, pues estas son previas al embarazo. Es decir, una vez que se verifica la fecundación del óvulo, la mujer no tiene autonomía reproductiva pues prevalece sobre ésta la vida del no nacido.

Para los ministros en la mayoría el argumento competencial fue el más débil, se estimó que el constituyente local no puede determinar la población reconocida constitucionalmente como titular de derechos ni tampoco aumentar derechos si ello conlleva la vulneración de otros derechos, como lo son en este caso las libertades sexual y reproductiva de la mujer. El argumento principal se basó en los efectos de las reformas pues con éstas se cancela la posibilidad de ponderación entre el valor constitucionalmente protegido (la vida del no nacido) y las libertades de la mujer. A juicio de los ministros ningún derecho es absoluto y las reformas locales dan ese carácter a la vida del no nacido lo que por un lado, inhibe el ejercicio de derechos y libertades sexual y reproductivas por la falta de certeza en sus efectos y por otro, implica una amenaza de vulneración a estos derechos en tanto que impide una ponderación.

De manera que en los dos asuntos se obtuvieron únicamente 7 votos de los 8 requeridos para declarar inválidas las reformas, por lo que se desestima la acción y se archiva. Los efectos de la decisión son que las cosas se quedan en el mismo estado que estaban antes, no hay una declaración ni por la validez ni por la invalidez de la norma. Por otro lado, la estimación no calificada tiene efectos de cosa juzgada, en el sentido de que aunque se estuviera todavía dentro del periodo para solicitar una nueva acción de inconstitucionalidad, ello no podría hacerse pues sería una causa de improcedencia en términos de la Ley Reglamentaria. Aún así, se ha anunciado que los ministros emitirán votos particulares, que carecerán de valor jurisprudencial, pero servirán como criterio orientador para el futuro.

Es importante destacar las siguientes cuestiones:

1) La Corte no declaró que las reformas fueran conformes con la Constitución, la acción fue improcedente por no contar con los votos requeridos, es decir, la constitucionalidad de las reformas no ha sido concluida por la Corte y a pesar de que no habrá un pronunciamiento, hay que destacar que la mayoría -9 ministros- de la Corte Constitucional mexicana reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la necesidad de su protección y garantía. En efecto, los dos ministros que argumentaron la constitucionalidad por competencia (Luna y Pardo) explicaron que la reforma per se no limitaba éstos derechos, precisando que si fuera el caso, entonces habría que revisar la constitucionalidad de las medidas que lo hicieran, es decir, para 9 ministros la protección a la vida del no nacido no es absoluta sino ponderable.

2) Existen otros medios para hacer valer los derechos vulnerados a través de las reformas, el juicio de derechos -conocido en México como amparo- y la controversia constitucional, es decir, la revisión de normas por conflictos competenciales.

La cuestión no ha concluído y aún esperamos en México un pronunciamiento claro y certero sobre la definición de los derechos sexuales y reproductivos y su ponderación frente a la protección de la vida del no nacido. Por lo pronto en varios estados de la República muchas mujeres han sido encarceladas por abortos sufridos y muchas otras han arriesgado la vida y la salud para interrumpir embarazos no deseados en clínicas clandestinas. La salud reproductiva y el derecho a decidir (como se conoce en México el derecho a ser o no ser madre) deben ser garantizados, el Estado no puede imponer una moral, mucho menos la maternidad.

 

 

Más información:

[1] México es una Federación, las materias penal y civil son cuestiones locales por lo que existen 32 códigos, además de los federales.

[2] La reforma implica que antes de la 12va semana no se está ante un delito, sino ante una conducta legal. A partir de la 12va semana la conducta será delito de aborto. El Código establece como excluyentes de responsabilidad los casos de violación, inseminación involuntaria, peligro de la vida de la madre o peligro a la salud del producto.

[3] Mediante la acción de inconstitucionalidad la Corte Suprema realiza un análisis abstracto de constitucionalidad.

[4] Los argumentos de la sentencia son de especial importancia para el desarrollo de los derechos reproductivos pues por un lado, se distingue entre libertad sexual y libertad reproductiva, se determina que la libertad reproductiva no es un derecho conjunto, sino individual y por otro, establece que no es discriminatorio el que los hombres no participen en decisiones sobre la libertad reproductiva de la mujer. Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, Páginas 188 y 189.

[5] Estas entidades federativas son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. Ver esta tabla informativa del GIRE

[6] En todos estos estados el aborto estaba prohibido, existiendo causales de exclusión de la pena en casos de violación, peligro de la vida de la madre y algunas otras. Los efectos de las reformas van desde la prohibición absoluta del aborto o de métodos anticonceptivos como el DIU y la píldora del día siguiente, hasta la sanción por homicidio en abortos sufridos.

[7] Sentencia de las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, ver páginas 153 a 185 de la sentencia.

[8] El Pleno de la Corte está integrado por 11 ministros de los cuales 3 ingresaron después de la resolución de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas del D.F. De los 7 restantes se esperaba el voto favorable de 5. La ministra Luna Ramos, que fue parte de la mayoría en la AI de 2007, en esta ocasión quedó en la minoría. De los 3 nuevos ministros, 2 votaron por la inconstitucionalidad y uno se quedó en la minoría.

[9] Artículo 7: "El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida".

[10] Artículo 16: "El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podráaplicarse en ningún caso. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte".

* Geraldina González de la Vega es Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, México; Maestra en Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, México y Maestranda en Derecho Público por la Universidad Heinrich Heine Düsseldorf, Alemania. Coordinadora de Estudios Jurídicos de Ombudsgay.www.ombudsgay.org.