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Argentina: Ley de Cupo, aún sin implementación total PDF Imprimir E-mail
Lunes, 28 de Octubre de 2013 13:15

ley-cuposSi bien la Ley de Cupo tiene más de 20 años de sancionada en Argentina, los partidos políticos y la administración de justicia siguen mostrándose resistentes a implementarla.

 

 

COMUNICAR IGUALDAD.- En la provincia de San Luis, dos candidatas del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) apelaron ante la Justicia Electoral porque las listas de sus partidos no las incluían en el tercer puesto expectable como indica la Ley de Cupo Femenino. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara rechazaron las apelaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, pasó algo similar dentro de UNEN, pero en este caso la jueza y la Cámara ratificaron la Ley de Cupo.

"La ley de Cupo es revolucionaria y va a contramano de la historia machista de la política y de la rosca propia de la política tradicional, por eso es tan resistida –reflexiona María Elena Barbagelata, apoderada del Partido Socialista que acompañó a las candidatas puntanas en su reclamo-. Es una ley que rompe con el techo de cristal que venimos denunciando."

Cecilia Daract y Graciela Olmedo –candidatas del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) respectivamente a diputada provincial por el departamento cuposanluisPueyrredón, en la ciudad de San Luis, y a concejala municipal de la ciudad de Villa Mercedes, también de San Luis- apelaron la decisión de la Justicia Electoral de favorecer a varones con los tres primeros cargos expectables de la lista del FPCyS en ambas ciudades.

En el caso de Daract presentó además una denuncia ante el INADI por la discriminación del hecho. El organismo se expidió el 27 de septiembre señalando que "lo resuelto por la Justicia Electoral del Poder Judicial de San Luis respecto del cupo femenino en la sentencia interlocutoria Nº 39/13 resulta discriminatorio por violación de lo dispuesto en nuestra Carta Magna a través de su artículo 37, el que establece la garantía de igualdad real de oportunidades entre ambos géneros".

Sin embargo, ninguna de las dos podrá estará el domingo en el tercer puesto de las boletas de su partido porque la justicia de San Luis así lo decidió mediante fallo del juez electoral Eduardo Giménez y luego del Tribunal Electoral Provincial.

"Se trata de un absoluto incumplimiento de las normas nacionales y los pactos internacionales –señala Barbagelata-. Pero tiene una inusitada gravedad institucional en San Luis porque existe un antecedente del año 2009 en que la Cámara de Diputados de esa provincia rechazó el pliego de tres candidatos electos varones del mismo partido con el argumento de que habían accedido a los cargos en listas que habían incumplido el cupo. Hay que tener en cuenta que el Frente Progresista es la principal fuerza opositora en San Luis. Esos compañeros nunca asumieron y la Cámara funcionó un período con menos diputados de los que correspondía. Entonces, suponemos que en la actualidad la justicia puede haber fallado de esta manera en connivencia con el poder político para luego denegarles a los candidatos elegidos del partido el acceso efectivo a las bancas en nombre ahí sí del cupo femenino."

Daract, por su parte, está decidida a llevar el reclamo tan lejos como sea necesario –actualmente están preparando la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis- y enmarca la vulneración de derechos de las mujeres también dentro del contexto social y político de la provincia, gobernada desde hace más de dos décadas por la familia Rodriguez Saa. "Lo que sucedió acá fue una jugada del gobierno para que el Frente Progresista no siga creciendo. Cuando vieron que en las PASO llegamos al 20% de los votos, acordaron con la Unión Cívica Radical para que incluyera como candidato a un hombre que actualmente se desempeña como concejal del Frente para la Victoria, o sea que nada que ver con el radicalismo, es un hombre funcional a los Rodriguez Saa. Este hombre ocupó el tercer lugar, que correspondía al Partido Socialista y a mi como representante del mismo. En este contexto de acuerdos partidarios, los derechos de las mujeres no son protegidos. A mí el resto del Frente no me protegió frente a esta situación."

En la Ciudad de Buenos Aires se presentó una situación similar dentro de UNEN, donde luego de la candidatura de Elisa Carrió en el primer puesto para diputada, le seguían tres varones, cuando el cuarto lugar habría correspondido a una mujer. En este caso un fallo de la Jueza María Romilda Servini de Cubría ubicó a cada quien en su lugar, de acuerpo a la Ley de Cupo Femenino, fallo que fue confirmado por la Cámara Electoral ya que había sido apelado.

¿En la Ciudad de Buenos Aires la justicia está más cerca de las normas nacionales y los pactos internacionales? ¿La justicia de las provincias responde a acuerdos políticos regionales que la limitan en su actualización? "En los años que llevo haciendo política no he visto un caso como el de San Luis en el resto del país, es de una gravedad institucional única – señala Barbagelata-. El cupo no es un compromiso individual sino ideológico, lo tiene que asumir toda la sociedad y las fuerzas políticas. Aparte de las aspiraciones humanas que hacen que cada quien defienda a muerte su sillas cuando hay que elegir cargos, otra dificultad para implementar esta ley es su espíritu revolucionario. Poco tiempo después de haberse votado, en 1991, la Cámara Nacional Electoral dijo, en fallo dividido, que el cuarto lugar debía ser para mujer, porque el primero lo consideraban asexuado y se contaba a partir del segundo. Por eso en 200, se hizo un decreto reglamentario muy explícito en relación a que a las mujeres les corresponde el tercer lugar expectable. La Ley de Cupo Femenino es como la Ley de Contrato de Trabajo: lo que no está explicitado a favor del débil va a favor del poderoso."

El decreto reglamentario al que se refiere Barbagelata reemplazó en el año 2001 al decreto reglamentario original de la Ley de Cupo Femenino debido a la presentación que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) María Merciadri de Morini por el incumplimiento de la Ley de Cupo en Córdoba, en un caso similar al que se presenta ahora en San Luis. Agotadas las instancias de reclamo interno por el tema, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de entonces rechazó su reclamo por considerarlo "abstracto", Merciadri de Morini se presentó ante la CIDH quien convocó al Estado y a la demandante a una solución amistosa que se logró mediante el Decreto Presidencial 1246 firmado por el ex Fernando de la Rua en el año 2000. Allí se señala que "cuando se renovaren DOS (2) cargos, en uno de ellos deberá nominarse siempre a una mujer" y "cuando se renovaren más de DOS (2) cargos, debe figurar una mujer, como mínimo, en alguno de los TRES (3) primeros lugares".

¿Cuánto más hace falta para que los partidos políticos, estructuras masculinas y patriarcales si las hay, respeten las normas y promuevan la profundización de la democracia teniendo una representación de género equitativa?