Aunque los actores políticos no la formulen como tal, en esta coyuntura emerge en el país la política familiar, lo cual se expresa fundamentalmente en la tensión en el ámbito de la economía

 

 

 

Por Irma Palma, Prof. Depto de Psicología FACSO, U. de Chile

 

 

En la propuesta de ley de extensión del postnatal y su debate público convergen diversos ámbitos de las políticas públicas. Se encuentran las políticas sociales, salud, niñez, género, trabajo y familiar. Esto último es nuevo en la sociedad chilena.

En relación con la política social, podría incorporar aunque a segmentos limitados de las mujeres más pobres (integradas en una condición muy precarizada al mercado laboral) y a sus hijos(as) en la primera infancia al cuidado asegurado por el Estado.

En la política de salud se lo comprende al modo del antiguo binomio madre-hijo, para favorecer en ambos su salud, sin embargo, remite más a las condiciones del cuidado en las familias. Permite preservar la salud mental de las mujeres en una situación vital de alta exigencia para su subjetividad y que el trabajo de cuidado infantil sea vivido con menos cansancio, mayor goce, sin culpa, presión ni transgresión al Estado (mediante las licencias médicas). Responde por ahora a un doble déficit, de inequidad en el trabajo doméstico e insuficiente sistema institucional de cuidado infantil.

Su relación con la política de la niñez es central, aunque su argumentación a momentos se vuelve extrema. Se sostiene que resolvería una crisis de apego materno y riesgo de mal nutrición (pero, ¿las mujeres incorporadas al mundo laboral producen un apego más deficiente o que sus hijos tengan peor salud?). Más bien, aseguraría el derecho de los niños a recibir un cuidado de calidad en un momento de la vida de mayor fragilidad, y a generar condiciones para iniciar la experiencia de aprendizaje y desarrollo de los vínculos humanos, que después se extenderán a otras relaciones.

Emerge en el país en esta coyuntura la política familiar, aunque los actores políticos no la formulen como tal. En lo fundamental esto se expresa en la tensión en el ámbito de la economía. En la proposición de introducir una diferenciación del periodo aparece como un desigual derecho a disponer de una madre por parte de los (as) infantes). Del mismo modo, cuando el Estado no debería perjudicar a una mujer con alto sueldo (pero inferior a sus pares masculinos), aparecería perjudicando a las más pobres del país.

Este es el mejor marco conceptual y metodológico para analizar esta propuesta. La política familiar es transversal a la sociedad. Es económicamente diferenciada entre quienes tienen hijos y quienes no; y entre quienes los tienen, cuando lo hacen en pareja y cuando no (en familias uni-parentales). No es natalista, genera condiciones de plausibilidad para las elecciones reproductivas. Gestiona los procesos vitales vinculados al nacimiento y la muerte. Promueve al mismo tiempo relaciones de igualdad que den sentido más allá de la sobrevivencia a integrar familias.

Su conexión con la política de género es más compleja, aunque se la nombra como tal. ¿Cuánto produce en términos de autonomía e igualdad para las mujeres? Esta coyuntura genera condiciones para repensarla y redefinirla, para que no termine confundida entre las otras; o que, como ha ocurrido en el pasado, al mismo tiempo beneficien y perjudiquen a las mujeres. Se trata de ampliar las condiciones para la autonomía de las mujeres, que asegure la libertad de decidir, justamente en este caso, en torno de su reproducción y la maternidad. Hoy en la comunidad internacional el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos expresa muy fundamentalmente la promoción de la autonomía femenina en la política de género.