Los anuncios de una nueva FPS revelan que esta abandona la perspectiva de derechos y la noción de "vulnerabilidad" en que se fundaron las políticas de la Ex Presidenta Bachelet.

 

 

Por Teresa Valdés y Sony Ramírez, Observatorio de Género y Equidad

 

En los últimos días hemos sido informados/as de la introducción de cambios en la Ficha de Protección Social (FPS), precedidos de un reportaje en un canal de televisión titulado "Los falsos pobres", que denunciaba una serie de casos en que se había adulterado la información entregada en dicha Ficha para obtener beneficios sociales del Estado. El propio Ministro Lavín apareció denunciando a la justicia 4.000 casos de familias que entregaron información falsa en la FPS, generando una imagen pública negativa del sistema, aparentando que está todo mal y por tanto se requieren cambios profundos.

¿Qué representan 4.000 casos entre los 1.874.339 de hogares (7.217.378 personas) que componen los dos quintiles más pobres asociados a la FPS (CASEN 2009)? Representan apenas el 0,21% de los hogares que mayoritariamente accede a la red social del Estado. Nos preguntamos entonces ¿a dónde apunta esta campaña comunicacional? Al parecer, se trata de justificar modificaciones profundas al Sistema de Protección Social, alterando las concepciones esenciales que sustentaron la FPS original, fundamentalmente constituidas en una visión fundada en los derechos ciudadanos.

Si examinamos los ingresos percibidos por estos grupos, el primer quintil percibe entre $0 y $58.933 mensuales por persona, alcanzando un promedio de $ 31.582, y el segundo entre $58.934 y $100.814, promediando $79.733 (CASEN 2009). Cuesta comprender que se centre el análisis de la Ficha de Protección Social en las vulneraciones del sistema, destinando múltiples recursos a su fiscalización, y que no se aborde el problema de fondo: los exiguos ingresos disponibles para satisfacer las necesidades básicas de esos 7 millones de chilenos y chilenas.

¿De qué se trata? La nueva administración de MIDEPLAN está basando sus políticas en una concepción de Estado subsidiario y ha asumido como tarea central, focalizar el gasto social, justificando su actuar en las múltiples necesidades de la población pobre. El argumento principal es que "la gente miente" con el fin de disminuir su puntaje y aparentar mayor pobreza, lo que redundaría en el acceso a más beneficios sociales. Como resultado, perjudican a otras familias que necesitarían mayor asistencia del Estado. La solución propuesta es que el instrumento de la FPS sólo considere información verificable, ojalá de otros servicios públicos, como el Registro Civil, Impuestos Internos, el Ministerio de Educación, etc.

Los anuncios de una nueva FPS revelan que esta abandona la perspectiva de derechos y la noción de "vulnerabilidad" en que se fundaron las políticas de la Ex Presidenta Bachelet. La noción de "vulnerabilidad", ligada a derechos, busca identificar a aquellos grupos que son pobres y también extender la población objetivo de los beneficios sociales hacia aquellos grupos que estrictamente no lo son, pero que corren el riesgo de serlo.

Fiel a la noción del Estado subsidiario, la nueva FPS pretende optimizar el proceso de focalización, reducir la cantidad de beneficiarios del sistema y limitar su actuar únicamente hacia las personas/hogares que no cuenten con la capacidad para satisfacer sus necesidades en el mercado. Se cumple así con el objetivo principal: fortalecer el mercado y reducir la acción del Estado, sin importar el problema de fondo, cual es la superación de la pobreza, la reducción de las brechas socio-económicas, y la garantía de derechos económicos y sociales que son obligación del Estado al haber ratificado numerosos tratados y pactos internacionales.

 

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