Organizaciones han advertido que se necesitan políticas públicas más claras respecto a seguridad laboral, información, transparencia y la entrega de una digna atención en salud para als afectadas.

Por Diana Porras, Radio Univ de Chile

El pasado 22 de diciembre, cerca de 70 trabajadoras agrícolas fueron atendidas en distintos centros asistenciales de Pelarco y Talca en la región del Maule, producto de una intoxicación masiva por pesticidas registrada en el fundo Orti – Pérez, ubicado en la localidad La Esperanza en la ruta K-45, camino a Pelarco.

María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), manifestó en conversación con Radio Universidad de Chile que "no hay buenas prácticas" en el sector, lo que se refleja en diversas consecuencias que son permanentes.

"Hay una intoxicación crónica que no aparece en las noticias ni en ninguna parte y es incluso más grave que una intoxicación masiva aguda porque es permanente durante todo el año y durante mucho tiempo. Eso deviene en enfermedades graves como cáncer y otras alteraciones genéticas que se expresan en otras generaciones", denunció la dirigente.

María Elena Rozas aclaró que "la intoxicación aguda es la punta de iceberg de un problema mayor que ocurre en Chile desde hace muchos años y que no se ha podido legislar a fondo".

"(La legislación) es insuficiente y siempre que hemos planteado soluciones más radicales como la prohibición de los plaguicidas dañinos, el ministerio de Agricultura se ha negado y eso significa que en Chile se siguen usando plaguicidas extremadamente nocivos para la salud y el medioambiente", dijo.

Las cifras en esta materia no son claras, pero existen antecedentes de que la intoxicación de las y los temporeros por la utilización de plaguicidas ha aumentando de manera sistemática desde el año 1997.

Las últimas cifras oficiales de la Red de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud (REVEP) del año 2008 señalaron que se registraron 849 casos, superando la cifra de 2007 que ascendió a 727 casos. Para la dirigente de Rapal las responsabilidades no se han asumido.

"No se puede dejar la responsabilidad en el eslabón más débil que es el trabajador agrícola. Creo que cuando se usan venenos, las responsabilidades las tienen fundamentalmente los reguladores. En Chile desafortunadamente no ha habido una política pública que incentive, por ejemplo, la agricultura orgánica. Eso ha estado absolutamente ausente desde siempre porque sólo ha habido un enfoque químico para enfrentar el problema de las plagas", aseguró.

Organizaciones ciudadanas como la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para America Latina (RA-PAL) Chile, estima que por cada caso que se registra oficialmente, hay otros cuatro que no son notificados a la autoridad sanitaria.