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Reportaje: Nueva Constitución: otro contrato social para las chilenas 
 
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Aportes ciudadanos a un proyecto transformador PDF Imprimir E-mail
Reportajes
Jueves, 17 de Enero de 2013 12:40

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En medio del conflicto en La Araucanía y ante los anuncios de reponer la “ley Hinzpeter”, el Gobierno busca sacar dividendos tras los resultados de la última encuesta CEP, que muestra a los candidatos de la Alianza sin los resultados esperados por sus respectivos partidos políticos. Bajo este escenario, hay tiempo de mirar qué sucedió con los temas que convocan a la sociedad civil y los desafíos para este año.

El 2013 es un año electoral. El 17 de noviembre próximo se realizarán las elecciones parlamentarias que renovarán nuestro Parlamento y se definirá si el Gobierno continuará en manos de la Alianza o si una oposición con proyecto transformador llega a La Moneda. Se realizarán las primarias para definir las y los candidatos que participarán en este proceso electoral y las encuestas se tomarán parte de la agenda.

Una antesala a lo que se viene para los próximos meses fue entregada por la siempre esperada encuesta CEP. En su sondeo correspondiente a los meses noviembre-diciembre 2012, dio cuenta de una radiografía ciudadana que inclina la balanza a la bien calificada figura de la ex Presidenta Michelle Bachelet y la sitúa con una intención de voto de 54%, tomando una distancia importante sobre el ex Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne.

Y si bien la encuesta del Centro de Estudios Públicos marca el año electoral, no logra desviar la atención de lo que sucedió durante el 2012 y los temas que están siendo noticia por estos días. Basta revisar la Tercera Encuesta Auditoría a la Democracia del PNUD, que muestra entre sus principales resultados la valoración de la democracia, que cada vez es más percibida –un 64%- como preferible a cualquier otra forma de Gobierno, y denota una clara falta de confianza en las instituciones, reforzando la distancia entre éstas y el sistema de representación.

Lo anterior, quizá permite entender parte del actual momento que se vive en La Araucanía, una demanda territorial que no es nueva, pero de la cual el Gobierno no quiere hacerse cargo, más cuando insiste en reponer la tan criticada Ley Hinzpeter, que en el 2012, mediante una campaña de la sociedad civil organizada, se logró bajar del debate Parlamentario. Imposible confiar así en las instituciones del Estado, cuando la justicia funciona para algunos/as y no para todos/as.

La lista sobre los temas pendientes o desafíos para este período es larga. Es aquí donde la ciudadanía demandante debe conocer a sus candidatos/as al Parlamento y a quienes recogen en sus programas de Gobierno los temas que siguen estando ausentes o de los cuales se habla muy poco.

El Observatorio de Género y Equidad, recogió a través de un cuestionario aplicado a los precandidatos presidenciales, en el mes de diciembre, algunos de los temas que a la sociedad civil preocupan e interesa debatir. Este ejercicio buscamos repetir con las y los nuevos actores que se postulan al Parlamento. Por lo pronto, evaluamos el 2012 con las organizaciones que por años han luchado por más y mejores derechos y por una mejor calidad de la democracia.

José Aylwin, Co-director Observatorio Ciudadano: "Fue un año en el que no hubo avances en el reconocimiento jurídico-político de los pueblos indígenas". (Leer más)

Soledad Barría, Vocera del Movimiento MILES: “Queremos que el aborto siga siendo un tema discutido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”. (Leer más)

Gonzalo Cid, Presidente del Movimiento por la Diversidad Sexual: "El movimiento por la diversidad sexual debe trabajar con organizaciones de la sociedad civil, de los derechos sexuales". (Leer más)

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas: “Las elecciones municipales demostraron que las mujeres son buenas candidatas y que el electorado las apoya". (Leer más)

Carolina Manríquez, Vocera Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa: "A tres años del terremoto y tsunami sentimos que pese a la tozudez del gobierno, el proceso avanzó con baja participación social". (Leer más)

Rut Olate, Presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular:  “Hemos demandado al Gobierno que cumpla con lo comprometido. Este convenio nos beneficia como trabajadoras de casa particular”. (Leer más)

Francisca Rodríguez, Directora Nacional de ANAMURI: "El Estatuto del Temporero/a que se quiere discutir no obedece a la plataforma de lucha que hemos dado y no da cuenta de nuestro petitorio" (Leer más)

Soledad Rojas, Coordinadora de la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres: “Hay una clara direccionalidad de género en el problema de la violenciaque afecta en forma desproporcionada a las mujeres durante todo el ciclo de vida”. (Leer más)

 

Por Fabiola Gutiérrez, periodista del Observatorio de Género y Equidad

 

 

 

 

pepeaylwinJosé Aylwin, Co-director del Observatorio Ciudadano


El Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile tras dos décadas de debate reconoce a los pueblos indigenas como titulares de derechos colectivos. Sin embargo, dicho instrumento no ha sido respetado lo que, entre otros temas y demandas, se ha transformado en un foco de conflicto.

¿Cómo evalúa el año en términos de reivindicadión de derechos de los pueblos indigenas?

Fue un año en el que no hubo avances en el reconocimiento jurídico-político de los pueblos indígenas. Se mantiene la ausencia de un reconocimiento constitucional, de su existencia en derecho. El Convenio 169 de la OIT -que es el instrumento más importante y ratificado por Chile el año 2009- tiene un rezago importante en su aplicación. Me refiero fundamentalmente al poder legislativo que no ha aprobado una ley que haga operativo, por ejemplo, un proceso de consulta, como algunas organizaciones así lo reclaman.

Por otro lado, tampoco ha considerado la consulta en proyectos de ley tan importantes que les afectan. A la ley de pesca, que afecta al mundo mapuche-lafquenche, se suman los proyectos de ley de áreas protegidas y fomento agrícolas que no han sido consultados a las comunidades.

En cuanto al Ejecutivo, las políticas han sido contradictorias. No se ha implementado el fondo de tierras, ha sido aplicado de manera insuficiente, más que en años anteriores, y más bien se ha promovido la asociatividad del mundo indígena con el empresariado, en el caso mapuche con el empresariado forestal. Además, se sigue aplicando la política de criminalización de protesta social indígena con persecución judicial, con tres procesos aplicando ley antiterrorista y con 24 personas imputadas por este delito.

En tanto, el Poder Judicial, frente a la criminalización, ha anulado varias de las sentencias y ha rebajado algunas sentencias. Lo que tiene que ver con el poder de consulta se han paralizado algunos proyectos de inversión como el del Morro que afecta a los diaguitas de Huasco Alto.

En el 2012 no hubo grandes avances en materia jurídica política, con una política pública muy errática que sigue sin respetar los derechos de los pueblos originarios y donde se sigue persiguiendo la protesta social indígena.

¿Qué aprendizajes dejó el 2012?

El Estado chileno no asume, por un lado, sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Hay que recordar que este es uno de los ámbitos en que Chile ha sido fuertemente cuestionado y sobre el cual han recaído recomendaciones  de los órganos de Naciones Unidas, en términos jurídicos, de política pública, que no se han cumplido.

La pregunta es por qué no se puede avanzar en los derechos indígenas, una materia tan sensible y deficitaria. Esto nos obliga a analizar los déficit que este país tiene su institucionalidad en general. Lo que ha quedado en evidencia en el 2012 y en años anteriores, es que hay un agotamiento en la institucionalidad, particularmente en la Constitución Política de 1980, porque no permite una representación política de los sectores excluidos y no permite transformaciones jurídicas en esta matera. Por lo tanto, las reformas que se reclaman, así como lo hacen otros sectores del país, no pueden materializarse. La gran lección para alcanzar los derechos indígenas es que se requiere repensar las estrategias de los sectores democráticos y derechos humanos, quienes han planteado con mucha fuerza una nueva Constitución.

¿Cuáles son los desafíos para este año?

Se ha planteado fuertemente el debate sobre una nueva institucionalidad. Los pueblos indígenas han planteado sus demandas y estrategias en temas que les afectan a ellos, en la violación crítica a sus derechos humanos. Sin embargo, tal como ocurrió en otros países de la región frente a situaciones de crisis institucional, se debiera plantear estrategias de alianzas con otros sectores de la sociedad chilena para lograr transformaciones globales, que permitan un nuevo pacto social que considere sus derechos.

El término del año estuvo marcado por la situación de Vilcún. Esto da cuenta de una espiral de violencia y la condena de los actos ha sido transversal. La forma de reaccionar del Estado, en la práctica, es ambigua, porque llama a la violencia, a la represión, a la mano dura, incluso a la defensa por manos propias.El desafío es no dejarse tentar por la violencia como una estrategia válida y conducente para alcanzar los derechos de los mapuche y otros pueblos indígenas. Por otro lado, la cohesión organizativa que se requiere para poder tener la fuerza suficiente para impulsar demandas y estas transformaciones.

 

 

 

 

SoledadBarriaSoledad Barría, ex Ministra de Salud y Vocera del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, MILES.

Chile es uno de los cinco países latinoamericanos que no cuentan con aborto terapéutico.  El Parlamento durante el 2012 se abrió a la idea de legislar sobre el tema.

¿Cuál es la evaluación del debate en el Congreso Nacional?

Por primera vez logramos pasar la barrera de las comisiones. En el Senado se logró la aprobación en general de un proyecto de ley que luego paso a la sala de la Cámara Alta, esto no se dio nunca en los años de democracia, es decir, hace más de 20 años no habíamos logrado que algunas de las dos salas del Parlamento pusiera en tabla el tema de la interrupción del embarazo. En ese sentido, se avanzó.

Por otra parte, hubo un compromiso por parte de los partidos políticos, especialmente de oposición, de seguir avanzando a lo menos en lo que tiene que ver con salud de la mujer y probablemente también en el caso de las malformaciones graves. Este avance que se dio en el Congreso lo tenemos que seguir trabajando como Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, porque queremos que el aborto siga siendo un tema discutido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Por ello, pensamos que es indispensable dar la discusión a lo menos por las tres causales, no solamente por salud de la mujer y las malformaciones graves que hacen inviable el término del embarazo, sino también en el caso de la violación. Esto es al menos, lo que las candidaturas presidenciales debieran contener en sus programas. 

¿Qué aprendizajes deja el debate Parlamentario impulsado desde la sociedad civil?

Miles, es una organización interesante porque agrupa en su interior distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y personas. No es fácil, porque históricamente ha habido desconfianzas entre los distintos actores, pero hemos ido aprendiendo que es posible poner en el debate temas sustantivos para la sociedad civil. Para muchas/os no es lo que uno quisiera, pero esto sin embargo es un mínimo indispensable para seguir avanzando.

¿Cuáles son los desafíos para el 2013?

Este año debemos levantar el tema, continuar con el debate en el Parlamento y que el aborto esté presente en los programas de Gobierno de los candidatos presidenciales. Debe ser una exigencia de la ciudadanía.

 

 

 

gonzalo-cidGonzalo Cid, Presidente del Movimiento Unificado por la Diversidad Sexual. MUMS

El Movimiento por la Diversidad Sexual obtuvo algunos logros en el último tiempo, por ejemplo, la presentación en el Congreso de un proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), y la promulgación de la ley antidiscriminación.

¿Cuál es la evaluación de Uds., en torno a estos temas?

Si bien el Movimiento por la Diversidad Sexual destaca que se haya avanzado en plantear estos temas e impulsar proyectos de ley, creemos que la Ley Antidiscriminación es absolutamente insuficiente y débil. Al realizar el balance del 2012, a partir del hecho trágico que fue el asesinato de Daniel Zamudio -que tuvo una incidencia directa en apurar la actual legislación-, nos damos cuenta que es una ley que no tiene medidas afirmativas, no cuenta con presupuesto y fondos para campañas educativas. Todo lo que está relacionado con la prevención de la discriminación y fortalecimiento de institucionalidad contra la discriminación no se hace presente.

En ese sentido, evaluamos como un hecho negativo la poca articulación que hay por parte de las organizaciones que trabajan estos temas, la falta de diálogo que existe, y muchas veces las motivaciones parecieran ir más por tener notoriedad pública y aparecer en los medios, que por lograr legislaciones buenas, coherentes y que amparen a la comunidad que se está apoyando o tratando de fortalecer.

¿Qué aprendizajes les deja el 2012?

El aprendizaje fundamental es que debe existir una articulación social. El movimiento por la diversidad sexual debe trabajar con organizaciones de la sociedad civil, de los derechos sexuales, con mayores líderes de comunicación que permitan en el futuro generar más y mejores legislaciones, que no sean sólo un saludo a la bandera.

En ese sentido, el Acuerdo de Vida en Pareja que se discute en el Parlamento inserta una serie de prejuicios y discriminaciones. Nos parece que cuando se discutan nuevos proyectos de ley que contengan las demandas del Movimiento por la Diversidad Sexual, éstas deben permitirse ser aplicadas. Para ello deben tener una coherencia interna y deben ser útiles para todas y todos los ciudadanos chilenos. La idea es no cometer los mismos errores y premuras como en el caso de la Ley Antidiscriminación. 

Nos enfrentamos a un año electoral, con campañas presidencial y parlamentaria, y lo vemos como una oportunidad de articulación para las organizaciones LGTB y así poder plasmar propuestas país.

¿Cuáles son los desafíos que se vienen?

Los desafíos son enfrentar y poder plasmar de manera coherente, articulada y participativa las propuestas país que se tienen desde las diferentes organizaciones sociales, tanto de la diversidad como las que realizan trabajo en derechos sexuales. Desde las más conservadoras hasta las más progresistas, desde las disidentes hasta las rupturistas. Se debe construir un dialogo fuerte, donde las demandas se logren instalar ya sea en los programas de gobierno de los candidatos presidenciales o en la agenda de los candidatos/as al Parlamento. Este esfuerzo lo queremos hacer extensivo a los centros de estudio y de opinión. 

  

 

 

MarielaInfante1Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas

En la última sesión del Comité de la CEDAW, Corporación Humanas dio cuenta, entre otros temas, sobre la escasa participación de las mujeres en la toma de decisiones.

¿Cómo nos fue en términos de participación política?

La participación de las mujeres en la vida pública permanece como uno de los grandes déficits de la democracia chilena. En las elecciones municipales de 2012 el número de candidatas a alcaldesas fue aún menor que en 2008, manteniéndose el exiguo 12% de alcaldesas electas. Claramente estamos ante un estancamiento que resulta preocupante, pues este mismo fenómeno es transversal a todos los cargos de decisión política.

En un año marcado por las elecciones parlamentarias y presidencial ¿qué aprendizajes nos deja el 2012?

En general, el gran porcentaje de abstención en las pasadas elecciones municipales constituye una prueba más de la crisis de representación política en el país. Instituciones básicas de la democracia, como el Parlamento y los Partidos Políticos, presentan en todas las encuestas índices de confianza bajísimos, lo cual debilita su legitimidad. En ese sentido, el aprendizaje más importante debería ser reconstruir el vínculo representantes/representados(as), lo cual pasa por mejorar mecanismos de participación ciudadana y comenzar un diálogo  efectivo con los sectores que han estado excluidos del debate público. La elite política tiene que tomar conciencia de que no pueden gobernar a espaldas de la ciudadanía. Existen demandas por inclusión, igualdad y no discriminación que deben tener un espacio a través de una mayor participación y protagonismo de los movimientos sociales y organizaciones sociales que las impulsan.

En relación a la participación política de las mujeres, las elecciones municipales demostraron que las mujeres son buenas candidatas y que el electorado las apoya, pues en comunas emblemáticas como Providencia, Santiago y Ñuñoa, con liderazgos masculinos y de derecha asentados, ganaron la alcaldía o dieron la pelea hasta el último. Esta experiencia de candidaturas exitosas, y que contaron con escaso apoyo de los partidos políticos, debería ser rescatada por éstos, pues son quienes dificultan y obstaculizan las candidaturas de mujeres, con su machismo atávico y transversal a todo el espectro político.

¿Cuáles son los desafíos en participación política para las mujeres?

Chile, a diferencia de gran parte de los países de la región, no ha incorporado en la normativa nacional medidas de acción positiva que protejan los derechos de las mujeres a participar en la vida política y pública del país en igualdad de condiciones con los hombres. Es urgente que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en especial, el derecho a participar en política, que no se reduce al derecho a elegir,  sino que también incluye el derecho a ser elegidas como representantes y a ejercer cargos de decisión.

Entre las medidas concretas que como Corporación Humanas proponemos se encuentran:

  1. Constitución Política que incorpore los principios de igualdad de género y democracia paritaria.
  2. Nuevo sistema electoral que incluya mecanismos de acción positiva que permitan la representación equilibrada entre hombres y mujeres.
  3. Incentivar campañas de formación y capacitación para fomentar y promover liderazgos de mujeres.
  4. Introducir modificaciones a las leyes electorales (Ley 18.603: Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos; la Ley 18.695: Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley 19.884 sobre Transparencia, Control y Limite al gasto electoral) de modo que incorporen medidas de acción afirmativa tendientes a igualar la situación entre hombres y mujeres en la vida pública-política.
  5. Incorporar la representación equilibrada en el proyecto de ley sobre primarias y en el proyecto sobre elección de consejeros regionales, entre otros
  6. Asegurar y promover el ejercicio del derecho a participación política de los pueblos indígenas, con especial énfasis en la promoción de participación de mujeres, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y normativa internacional vigente.

 

 

 

 

 

Carolina-Manriquez-305x250Carolina Manríquez, Vocera del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ), Constitución.

El Gobierno aseguró que la reconstrucción lleva un 88% de avance, cifras que e MNRJ califica de engañosas y dolorosas para muchas de las familias afectadas por el terremoto y tsunami del 27 de Febrero.

A casi tres años del terremoto/tsunami de 2010 ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen en torno a la respuesta sobre las demandas del MNRJ?

Las demandas del MNRJ siguen estando en pie y lejos de los objetivos del gobierno. Como Movimiento creemos firmemente que la reconstrucción debió ser un proceso participativo con alta fiscalización social y donde los conceptos de calidad, dignidad y respeto estuviesen plasmados en todo el proceso de reconstrucción. A 3 años de la catástrofe, es adecuado reconocer que hay avances, pero mucho de esto ha sido producto de largas luchas sociales. Existen vecinos y vecinas que han debido recurrir a diversos tipos de movilizaciones tales como tomas, huelgas, manifestaciones, marchas, tomas de carretas, etc., para hacerse oír. Esta es la participación que el gobierno escucha, y por lo general, más que escuchar, sale en defensa de su proceso, tratando de desconocer que los ciudadanos y ciudadanas tenemos razón, que hemos sido el mejor ente fiscalizador del proceso. El gobierno y sus funcionarios han sido tozudos y no han querido reconocer el aporte que el mundo social puede y debe hacer en el proceso, producto de ello hemos visto proyectos muy retrasados, malos diseños, propuestas inconsistentes, damnificados de primera, segunda y tercera categoría.

A tres años del terremoto y tsunami sentimos que pese a la tozudez del gobierno, el proceso avanzó con baja participación social y que en un futuro próximo veremos las consecuencias de esta baja participación, cuando los proyectos sufran los hacinamientos advertidos, cuando las obras comiencen a presentar problemas por la escasa fiscalización del proceso, cuando la falta de áreas verdes comience a generar los problemas de convivencia social que no han sido considerados en los diseños, cuando la pérdida de patrimonio e identidad cultural nos empiece a afectar a quienes vivimos en los territorios, a pasar la cuenta. Ahí somos los pobladores y pobladoras quienes deberemos dar respuesta y reorganizarnos para sobrevivir a las negligencias actuales del proceso. 

La reconstrucción justa es el principal objetivo de nuestro movimiento, este proceso tiene de dulce y de agraz, tenemos familias que ya tienen su solución habitacional y tenemos muchas otras que aún siguen esperando. Junto con el tema de la participación ciudadana real en el proceso y diseño de la reconstrucción, y ya en un punto donde el discurso oficial del gobierno indica que estamos a un 10% de terminar exitosamente este modelo de reconstrucción, es como siempre necesario denunciar que existen miles de familias que aún están a la espera de sus soluciones habitacionales. Son familias que, mientras esperan, deben vivir indignamente, esperando por un cuarto invierno en viviendas de emergencias y/o de allegados, y familias que no tendrán solución por la falta de una visión integral desde la institucionalidad que no llega con sus propuestas y proyectos a  toda la población afectada, adultos mayores, jefes y jefas de familia con  bajo acceso a la educación formal y a las familias de los sectores rurales, donde muchos han perdido la esperanza de una solución, dejando y saliendo de la catástrofe por sus propios medios, lo que no es sinónimo de una buena, justa y digan solución habitacional, por parte del gobierno.

¿Cuáles son los aprendizajes que ha dejando el proceso de reconstrucción?

La necesidad de la organización social, la ciudadanía debe tener un rol clave para que los procesos incluyan las necesidades reales de las y los afectados, en este caso los damnificados y damnificadas. Los procesos sin participación social llegan de mala forma a cubrir las necesidades reales de las diferentes poblaciones en sus múltiples intereses.

Otra arista importante tiene relación con el flujo y formas de intercambio de información, el tema de la información ha sido clave para desarrollar este proceso, ya sea en los métodos de vinculación e información que utilizó el MNRJ, como también las malas prácticas desarrolladas por el gobierno para desinteresar y confundir a la población en esta materia. Una buena información es clave para poder avanzar y construir sólidamente los procesos. 

Para este año ¿Qué desafíos se vienen?

Fortalecer la organización, replantearla e identificar nuestro camino, a tres años de la catástrofe, como organización debemos tener claridad sobre los avances del proceso y poner énfasis en lo que aún falta del proceso de reconstrucción. Sabemos que hay avances que están dando respuesta a un amplio número de familias de la población, pero nosotros seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en aquellas familias y sectores donde el proceso aun no es exitoso, y sobre todo en aquellos lugares donde la burocracia institucional ha sido excesiva privando a hombres, mujeres, jóvenes y niños/as, de soluciones, y a tres años del terremoto, tener una vivienda digna y adecuada como un derecho constitucional, y no como un favor del  Estado para con la gente.

 

  

 

 

ruth olateRuth Olate, Presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. SINTRACAP.

Durante el 2012 la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular impulso la Campaña por la Ratificación del Convenio 189 de la OIT y han sido actoras claves en el Parlamento en demanda de sus derechos.

¿Qué destacaría como avance para las trabajadoras de casa particular?

Nos dimos a conocer como Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular y mostramos que estamos preocupadas de los derechos laborales de nuestras asociadas y de otras mujeres que no pertenecen a SINTRACAP. 

Participamos en el Parlamento y dimos cuenta de nuestras demandas, lo que fue un avance significativo. Fuimos invitadas a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para hablar sobre la importancia de regular la jornada laboral de las trabajadoras de casa particular.

Destacaría, además, la formación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular. Sin embargo, nuestro propósito es avanzar hacia la Federación y con ese fin nos hemos estado capacitando.

Impulsamos la campaña por la Ratificación del Convenio 189 de la OIT. Hemos buscado alianzas y hemos demandado al Gobierno que cumpla con lo comprometido. Este convenio nos beneficia como trabajadoras de casa particular y porque queremos un trabajo de decente.

¿Qué aprendizajes les deja el 2012?

Nuestras compañeras deben tener más conciencia e interés de lo que significa tener una Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular y cómo nos estamos proyectando. Deben participar más y este es uno de los aprendizajes que nos deja el 2012. ¿Cómo motivamos a las trabajadoras? Tienen que motivarse por lo que estamos luchando, hemos sido reconocidas, asistimos a conferencias fuera del país, entonces tenemos que hacer un mayor esfuerzo por participar colectivamente e informarnos. Si estamos unidas tenemos más fuerza, por separado es más difícil dar la pelea. Tenemos un sindicato y estamos para defender los derechos de todas las trabajadoras.

¿Cuáles son los desafíos para este año?

Las trabajadoras de casa particular debemos insistir en la modificación de la jornada laboral. El trámite se encuentra en el Senado y es ahí donde queremos incidir. Además, queremos impulsar la creación de la Federación e insistir en la Ratificación del Convenio y 189 de la OIT. En un año electoral tanto los precandidatos presidenciales como los candidatos al Parlamento se deben comprometer con las mujeres trabajadoras e integrarnos como Federación de Trabajadoras de Casa Particular a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

 

 

 

 

panchaFrancisca Rodríguez, Directora Nacional de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI.

 

Por años han reivindicado los derechos laborales y de género de las mujeres pequeñas productoras y asalariadas agrícolas del país. Durante el 2012 lograron detener el debate sobre el Estatuto Temporero/a porque no recogía las demandas de la organización.

¿Cuál es la evaluación que realiza ANAMURI?

Como organización hemos dado un paso bastante significativo y tiene que ver, en primer lugar, con fijar una posición abierta y amplia en función de proyectarnos e identificarnos como una organización feminista. Este ha sido un proceso de construcción política que no sólo realizamos las mujeres de Chile, sino que también las mujeres de América Latina en la formulación de una propuesta que arranque desde nuestra identidad frente a la construcción de un feminismo campesino y popular.

Esto nos ha llevado a una discusión importante, no confrontacional, pero que sí ha generado controversias al interior de la organización, porque hay varias miradas en   las mujeres del campo, las mujeres indígenas y las mujeres asalariadas agrícolas. Son tres miradas diferentes que tienen que confluir en una propuesta política común. Desde ese punto de vista, ha sido un paso adelante porque nos ha permitido un debate político interesante, con una mirada de género bastante profunda lo que nos permite ir evaluando la situación de la mujer desde una óptica también más profunda.

Por otra parte, logramos detener la discusión del Estatuto del Temporero/a y esto se debe a la firme oposición que desde ANAMURI hemos realizado. Este proyecto representa un retroceso en nuestros derechos y aunque ha tenido urgencia su debate parlamentario, consideramos que es de interés de los empresarios y no de las y los trabajadores. El Estatuto del Temporero/a que se quiere discutir no obedece a la plataforma de lucha que hemos dado y no da cuenta de nuestro petitorio. En ese sentido, fue un año importante porque validamos que cuando las organizaciones están vivas, con fuerza y conscientes, se puede avanzar y sancionar instrumentos que en definitiva nos van quitando derechos.

Durante el mes de diciembre, en la Mesa de Trabajo del Servicio Nacional de la Mujer, se presentaron reformas al Estatuto que recogen algunos de nuestros planteamientos, pero que no resuelven la situación de las trabajadoras.

Tuvimos algunas dificultades en el ámbito de la mujer campesina. Se plantearon cambios por parte del Gobierno que nos preocupan, porque merman la producción campesina y la falta de reconocimiento hacia las mujeres y el rol que tienen en la producción de alimentos. No hay programas y garantías que permitan avanzar a las mujeres en esa dirección.

Desde el punto de vista organizacional nos hemos ido consolidando y no dejamos de tener dificultades en términos de recursos. No somos un país donde la cooperación esté dispuesta a apoyar el trabajo social y político de las mujeres. Tenemos que seguir haciendo más cosas con menos recursos. Esto es un sacrificio grande para el conjunto de las mujeres, pero lo hacemos convencidas porque no podemos parar, no podemos renunciar a una plataforma de lucha que tiene ANAMURI y que nos ha permitido permanecer como una organización importante dentro del ámbito de las mujeres y el mundo campesino.

¿Qué aprendizajes les deja el 2012?

Para nosotras uno de los aprendizajes ha sido el garantizar la validez de las mujeres al interior de la organización. Nadie puede desconocer a ANAMURI, somos una organización nacional, un poco rara quizá, porque escapamos a la lógica del sistema y del Gobierno. Estamos convencidas de la importancia de nuestro trabajo y lo más substancial es que hemos reforzado nuestra autonomía.

Hemos ido valorando la capacidad de las organizaciones construidas con identidad y propuestas. En ese sentido, hemos instalando una discusión más profunda con nuestras hermanas indígenas. Reconocer en el feminismo un aporte importante que contribuye a una cultura e identidad de mujer más fuerte, lo que hoy en día alcanza a un sector que históricamente ha sido discriminado.

Tenemos algunos déficit, por ejemplo, en como abordamos la campaña de violencia hacia las mujeres. Realizamos nuestros tribunales éticos para denunciar la violencia que viven las mujeres en el trabajo, pero nos falta romper este círculo invisible de lo privado para poder enfrentar las duras situaciones que viven las mujeres del campo y en comunidades indígenas.

¿Cuáles son los desafíos para este año?

Estamos en un año electoral y entramos a la era de la mujer, lo que nos anima mucho. Las luchas que se han ido dando, que aún son aisladas desde el punto de vista de no generar una propuesta política nacional, muestran también que tenemos aires nuevos. El 2012 fue un año en que vimos nacer organizaciones y la llegada de una mujer a la presidencia de la CUT. Sin embargo, este año tenemos desafíos mayores. Pensamos que una serie de medidas que se han tomado apuntan a instalar personas claves en los centros de poder buscando dar una connotación envolvente a esta campaña electoral. Tenemos que estar alertas y para ello estamos trabajando en la formación socio-política de las mujeres, de tal manera que seamos capaces de ver quienes recogen nuestras demandas.

Estamos trabajando en lo que debiesen ser las políticas públicas para la soberanía alimentaria, es decir, estamos construyendo propuestas que no son para el momento, son de futuro y que tienen que ser parte de los debates que tendremos que dar en esta nueva campaña y que debiesen ser incorporadas en las propuestas políticas de las y los candidatos, estableciendo compromisos, con la convicción de que más mujeres deben llegar al Parlamento.

Hubo avances en las elecciones municipales. Logramos un número importante de compañeras concejalas. En ese sentido, confiamos que puedan surgir grandes compromisos con candidaturas de mujeres que se proyectan en el Congreso.

Haremos un nuevo Tribunal a nivel de América Latina, aportando no sólo a lo que sucede en Chile, es importante el trabajo con la región. Haremos algunas redefiniciones en cuanto a cómo abordamos el tema de las mujeres campesinas y la soberanía alimentaria.

Este año nos despegaremos con nuestra escuela de agro-ecología para mujeres de Sudamérica que estamos proyectando en la VI región. 

 

 

 

 

soleSoledad Rojas, Coordinadora de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres. 

La prevalencia de la violencia contra las mujeres y la inadecuada respuesta de las instituciones del Estado siguen estando presente. 

En términos de violencia hacia las mujeres ¿Cómo evalúan el 2012?

En primer lugar, me parece necesario explicitar que, desde la Red chilena contra la Violencia hacia las Mujeres priorizamos nuestro trabajo hacia el movimiento social, y en particular, hacia el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y feministas como estrategia de afirmación de las mujeres para efectuar cambios en la cultura, y  afectar las relaciones de poder de las cuales deriva este tipo específico de violencia. Terminar con la victimización de las mujeres, también desde lo subjetivo, nos parece fundamental a la hora de restituirnos como sujetos con poder, con capacidad de tomar decisiones sobre nuestras vidas en función de nuestros deseos y no de acuerdo a mandatos culturales asignados. 

Durante 2012, la Red Chilena ha puesto énfasis en dar visibilidad de la violencia sexual hacia las niñas, que constituye un 81% del total de lo que habitualmente se nombra como ‘niños abusados’ o ‘abuso sexual a menores’. Esto, - hay que mencionarlo- es una constante en el abordaje institucional y mediático de la violencia hacia las mujeres, un cierto encubrimiento bajo nominaciones de hechos de apariencia neutral. Hay una clara direccionalidad de género en el problema de la violencia, que afecta en forma desproporcionada a las mujeres durante todo el ciclo de vida, desde la más temprana infancia. Una manifestación y permanente reproducción del menor poder diferencial que tenemos las mujeres en la sociedad chilena. Tampoco se menciona que el 96% de los abusadores sexuales son hombres. Además de silenciarse esta realidad, no se establece ninguna relación entre la violencia contra las niñas y las mujeres adultas, ni con los salarios más bajos, ni con la publicidad sexista.

Desde sus inicios en los años 90 hasta ahora, el abordaje institucional de la violencia hacia las mujeres ha sido insuficiente. Uno de sus principales déficits radica en la ausencia de una comprensión integral del problema.

De esta deficitaria comprensión derivan una legislación y políticas públicas limitadas, que no identifican claramente la violencia hacia las mujeres ni establecen conexiones entre sus diversas expresiones. El abordaje institucional es parcial y fragmenta el problema, instalando en el imaginario social una noción distorsionada que impide afectar significativamente las estructuras que la posibilitan, retardando así los cambios culturales necesarios para su erradicación.  La Ley sobre Violencia Intrafamiliar VIF (Ley N° 20.066) promulgada en 2005, es un claro ejemplo de ello. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2006 se efectuaron 102.309 denuncias por VIF y 155.113 en 2011; siendo alrededor del 80% de ellas agresiones contra mujeres, proporción que se ha mantenido constante en estos años. Si se indaga en los juicios de los casos que llegan al sistema judicial, se puede apreciar que en un altísimo porcentaje no terminan en sentencias a los agresores, ya sea por vía de la suspensión condicional del procedimiento u otros mecanismos. Por su parte, el acoso sexual que viven cotidianamente, en particular las jóvenes, en las calles, el transporte público y/o en los establecimientos educacionales no se sanciona, a excepción del acoso en el trabajo, contemplado como una falta en el código laboral, sin sanción penal. De otro lado, las políticas gubernamentales no han considerado hasta ahora situaciones particulares de violencia que viven grupos específicos de mujeres indígenas, migrantes, lesbianas, entre otras. Y esto, se agrava por el ejercicio de la violencia que las propias fuerzas policiales, es decir, agentes del estado, han perpetrado contra las estudiantes y las mujeres mapuche. O sea, sigue habiendo una gran impunidad respecto de la violencia hacia las mujeres, lo que podría calificarse como complicidad institucional.

En 2012, las cifras oficiales de femicidios dan cuenta de una baja en la ocurrencia del número de casos, sin embargo, en Chile no se registran como femicidio aquellos perpetrados por desconocidos que violan a una mujer o a una niña y luego la matan, u otras situaciones en las que mujeres son asesinadas por su condición de género. Tampoco se conocen ni registran los femicidios frustrados, es decir, aquellos que por azar no llegaron a consumarse, y que de acuerdo a la información que disponemos, son un número significativo. La información que se construye sigue siendo parcial, no se avanza en la identificación de otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, ni en una comprensión integral de ésta, cuestión que malamente aporta a la definición de políticas promocionales y de prevención efectiva, y por tanto a efectuar cambios profundos en la cultura.

Hay recomendaciones claras para el Estado chileno por parte del Comité CEDAW  ¿Qué aprendizajes nos deja a las mujeres y a ustedes como red (o a la sociedad)?

Efectivamente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer-CEDAW, reunido en octubre del año recién pasado, hizo una serie de recomendaciones al Estado chileno en varias materias, y en particular algunas referidas a la violencia hacia las mujeres, como la eliminación del delito de ‘maltrato habitual’ en la Ley de VIF y la penalización de TODO acto de violencia en el espacio doméstico, que tú aludes. También recomienda la penalización del hostigamiento sexual, que en Chile prácticamente no se sanciona; sólo existe una ley de carácter laboral, muy deficitaria, que no ha sido significativa para eliminar la violencia sexual a la que están sometidas constantemente las mujeres no sólo en el trabajo, sino también en las calles, en las escuelas y universidades, o en las instituciones públicas. También se pronuncia el Comité de la CEDAW sobre la necesidad de ampliar la comprensión del femicidio como un fenómeno que no sólo ocurre en el ámbito de las relaciones de pareja, como hasta ahora está comprendido en la ley chilena, sino también en lo público; y recomienda, además, desarrollar un sistema de recopilación de datos respecto de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo número de juicios celebrados, número de condenas, sentencias y medidas disciplinarias emitidas en los casos de violencia perpetrada por agentes del Estado. Todas medidas que de concretarse estarían reduciendo significativamente los niveles de impunidad existentes. Sin embargo, me parece importante señalar, que el Comité de la CEDAW no hace sino reafirmar en sus recomendaciones lo que los movimientos de mujeres y feministas hemos denunciado.

¿Cuáles son los desafíos para el 2013?

Durante los dos últimos años, caracterizados por las potentes movilizaciones sociales de diversos sectores tanto a nivel nacional, como en las regiones y localidades, desde la Red Chilena hemos estado impulsando la reflexión y el debate sobre la inserción de las problemáticas específicas de las mujeres en dichos movimientos, que la mayoría de las veces están ausentes. Esto nos parece muy importante. Las mujeres tenemos una participación activa en todos los movimientos, incluso hemos visto un número significativo de mujeres en las dirigencias, sin embargo, esto no siempre se traduce en una mayor conciencia y compromiso de los movimientos con las cuestiones que afectan a las mujeres. En muchos casos se siguen considerando ‘temas de mujeres’, no se consideran ni reflexionan dentro de los movimientos, por tanto no tienen visibilidad pública, y se siguen reproduciendo, a pesar del protagonismo de muchas mujeres, relaciones machistas de poder.

El año pasado, incorporamos a la Campaña ¡Cuidado! el machismo mata la denuncia de agresores de mujeres, que con total impunidad se postulan a cargos públicos, y muchas veces son elegidos. Otros, que también hemos denunciado, no trepidan en utilizar y denigrar a las mujeres en su propaganda electoral. Nos parece impresentable. Esto cobra especial relevancia este año en el que nuevamente habrá campañas electorales. Es urgente que la sociedad entera, y en particular las autoridades públicas, repudien explícitamente estos hechos y se establezcan sanciones. Desde las organizaciones de mujeres y feministas exigimos su inhabilitación. Más aún, las autoridades públicas y quienes aspiran a serlo tienen una gran responsabilidad en la promoción de una cultura de respeto a las personas y en la erradicación de la violencia hacia las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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