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 La profundización del capitalismo y el modelo de “ventajas comparativas” en la agricultura chilena ha derivado en un gran crecimiento de la agricultura de exportación.
Por Angie Mendoza Araneda, Investigadora CEDEM
El mercado del trabajo y su feminización, así como la división sexual del trabajo en las empresas frutícolas de exportación, dan respuesta al nuevo escenario en el cual se desenvuelven mayoritariamente mujeres, en donde la flexibilización laboral se entremezcla con la precariedad del mismo generando consecuentemente nuevas problemáticas y fenómenos tales como la migración.
La profundización del capitalismo y el modelo de “ventajas comparativas” en la agricultura chilena ha derivado en un gran crecimiento de la agricultura de exportación. Como parte de este proceso se ha incrementado fuertemente la mano de obra femenina y migrante, lo que significa que las mujeres han pasado a formar parte importante, mayoritario inclusive, del mercado de trabajo agrícola y frutícola particularmente, este fenómeno ha sido tal, que los empresarios han propuesto aumentar el porcentaje de migrantes extranjeros a un 30% siendo lo legal el 15% de la mano de obra total de la empresa.
Paralelamente, su inserción flexible en la cadena productiva ha sido acompañada por una mayor integración económica en la agroindustria, por un aumento de insumos químicos, por la profundización de los fenómenos de especialización regional y del monocultivo, por el aumento vertiginoso de las exportaciones de fruta.
La noción de “Temporera/o”, se refiere al que trabaja por temporadas en una u otra función, en una u otra empresa, en uno u otro rubro, es expresión del cambio operado en Chile. Esta denominación, por tanto, se ciñe al referente temporal: se las nombra así por el tiempo parcial que trabajan. Lo que hace que la temporera y más en general, los temporeros, conformen un sector de trabajadores articulados al mercado del trabajo en forma inestable.
Determinar el número de trabajadores/as que se insertan temporalmente a la agroindustria es una tarea aún pendiente, pues falta una cuantificación precisa, continua y comparable que permita, entre otras cosas, apoyar el diseño de políticas públicas (Caro y de la Cruz, 2005).
De la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN, del año 2006, se obtiene que el número de personas ocupadas en Producción Agrícola y Servicios Agropecuarios corresponde a 668.132, lo que representa un 10,2% del empleo nacional total, cifra que incluye sólo las actividades de carácter primario. Para obtener el porcentaje de ocupados en la agroexportación industrial, es necesario revisar la rama Industria. Pero, no existen cifras desagregadas, que nos permitan conocerles con precisión. En cuanto a la fuerza de trabajo migrante no se ha llegado a caracterizar cuantos son ni de que sectores provienen, esto por el carácter estacional y rotativo de la agroexportación.
La flexibilidad, la precarización y su feminización caracterizan actualmente el mercado de trabajo agrícola. En Chile, las agroindustrias asumen la flexibilidad en el proceso de trabajo y en el empleo. Algunas características y consecuencias fundamentales de la flexibilidad en el mercado de trabajo agrícola apuntan a la inestabilidad laboral, y a la diferencia entre el número de personas contratadas como trabajadores permanentes, y la gran masa de empleados temporales y con horarios y condiciones variables dependiendo del ciclo en el que se encuentra la fruta. Por otra parte, los salarios también se han vuelto inestables en la medida que se paga por tarea realizada, sin existir prácticamente otro tipo de prestaciones sociales ni legislación al respecto.
La agroexportación depende de los ciclos en el mercado internacional, conduciendo a la especialización geográfica de la producción, obligando así al desplazamiento de los trabajadores y generando corrientes migratorias internas y externas, del extranjero pueden llegar desde Ecuador a Chile y en el caso de la migración interna de sur a norte y luego de norte a sur en Chile.
En este sentido, tanto los países industrializados como los países en desarrollo constituyen un polo de atracción para personas que están dispuestas a emplearse en actividades que en su país de origen hubieran rechazado. Las diferencias de salarios entre los países de origen y destino, y la existencia de condiciones de pobreza explicarían su disposición a realizar trabajos con menor calificación, que exigen un gran desgaste físico, y/o la exposición a riesgos ambientales. “La inserción de los migrantes irregulares en las ocupaciones menos calificadas responde a una necesidad estructural de las sociedades desarrolladas. Los empleadores demandan, para los puestos de trabajo menos calificados, a trabajadores que no presionen sobre la estructura de salarios. Dado que, por otra parte, los inmigrantes no ponderan la relación entre salario y prestigio social vinculado a una determinada contratación se evitan los inconvenientes económicos (inflación estructural) que podrían provocar los nativos que exigieran aumentos salariales. (…) Los migrantes no autorizados al ingreso o al empleo se encuentran al margen de toda protección en cuanto a seguridad y salud en el lugar de trabajo, o salario mínimo. A menudo son empleados en sectores en que estas normas no se respetan o no se hacen respetar1.
La temporalidad del trabajo, la migración y el desplazamiento de las zonas urbanas a las rurales junto a la falta de protección, determinan así la precariedad del mercado de trabajo agrícola. La incorporación masiva de mujeres y jóvenes a este mercado de trabajo, y luego, la desvalorización del salario debido a que el salario real es menor y corresponde exclusivamente al tiempo trabajado, también forman parte de este proceso, y derivan en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
1. Taran A., Patrick y Eduardo Geronimi. “Globalización y migraciones laborales: importancia de la protección”. Futuros. Revista trimestral latinoamericana y caribeña de desarrollo sustentable Nº8, 2004, vol.2. Disponible en www.revistafuturos.info al 1 de marzo de 2005
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