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 Los indicadores de pobreza conforman un tipo de barómetro de lo social. Desde la creación del Mapa de la Extrema Pobreza en los setenta se preguntaban las autoridades acerca de dónde están y cuántos son los pobres.
Por Ximena Valdés S, Directora Cedem
Las
políticas universales se reemplazaron por políticas focalizadas. El registro se
perfeccionó a partir de la década siguiente con la CASEN lográndose medir periódicamente
cómo evolucionaba la cantidad de pobres e indigentes. La línea de la pobreza se
fue dibujando como una frontera móvil que permitió aplaudir los avances de la
economía, la sociedad y el Estado o bien señalar sus limitaciones.
Hubo un
momento en que se habló de una "pobreza dura" renuente a morigerarse y también
se habló de la "pobreza de los modernos". En este último caso se trataba de las
poblaciones integradas para las cuales
cualquier avatar de la economía las desplazaba por debajo de esta línea
clasificatoria. Eran las poblaciones "vulnerables".
Estas poblaciones estaban en un trapecio que
se movía desplazándolas de escalón según
factores que incidían en sus ingresos para mal o para bien. Las preocupaciones
por el problema de los pobres redundaron en formas institucionales como la creación
de la Fundación
para la Superación
de la Pobreza,
en discursos públicos para mitigarla -si las mujeres se integraban al mercado
de trabajo las familias podrían dar un salto delante de la línea de pobreza-,
en propuestas del clero de "ingreso ético" y así en adelante. La pobreza pasó a
constituir un tema de Estado, de la
Academia y de Iglesia sin que ese tema cobijara nominaciones
explícitas de quienes eran estos pobres y a qué se debía su frágil situación en
la estructura social. Se los despojó de nombre y de identidad.
Constatada la
existencia de esa frontera móvil que separaba los pobres de solemnidad de los
pobres por circunstancia, se construyó un conjunto de políticas sociales
(subsidios, programas anti-pobreza, nuevo sistema de protección social) que
dados los resultados arrojados por la última CASEN parecen no mostrar porosidad a la cuestión
social contemporánea.
Al observar lo que ocurre con algunas franjas de
esas poblaciones "vulnerables" sujetas al vaivén entre la integración y
exclusión social podemos sugerir atender a lo que ocurre con los
trabajadores/as del sector exportador: por ejemplo, salmones, fruta y vino y
sus circunstancias laborales en las cuales se encuentra enraizada su
vulnerabilidad social.
La primera concierne la legislación laboral que aparte
tímida, no hay una disposición política para encauzar la conformación de
actores que logren defender sus derechos. En muchos valles frutícolas existen no
sólo listas negras de trabajadores/as que intentan sindicalizarse sino listas
negras de trabajadores/as que ya no sirven (demasiadas enfermedades y males por
desgaste laboral y persistencia de enfermedades profesionales). Resultante:
miedo a sindicalizarse, fragmentación del mundo del trabajo, desorganización
social que alimenta la desprotección laboral y así en adelante.
La segunda
atañe las regulaciones ambientales y la legislación en que operan las empresas
nacionales y extranjeras: el caso del salmón es elocuente, ha arrojado a
grandes cantidades de trabajadores/as a la calle en el sur del país.
Podrían
citarse múltiples situaciones que contribuyen a colocar a los llamados "pobres
modernos" en este trapecio inestable que los desplaza en esa frontera móvil por
encima y por debajo de esta línea de pobreza.
No se trata de una masa informe de pobres, se trata de trabajadores de
ambos sexos que laboran en los rubros más exitosos del modelo exportador
chileno, más aventajados que muchos otros. La
OCDE exige estandares ambientales y laborales. No queda más
que ponerlos en práctica.
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