Por cuatro meses se debatió en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre interrupción legal del embarazo por tres causales. Diversas organizaciones de mujeres y feministas exigen a las autoridades de gobierno y legisladores/as garantías para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y adolescentes, y protección frente a la violencia sexual. Las organizaciones feministas reconocen que el proyecto es un piso mínimo y que se requiere seguir debatiendo sobre las implicancias y el impacto de la realidad del aborto en Chile.

La prohibición penal de interrumpir un embarazo es una manifestación de la falta de reconocimiento de la plena ciudadanía de las mujeres y su capacidad de tomar decisiones libres y autónomas respecto de sus propias vidas. En materia de aborto, la herramienta penal ha sido utilizada como una forma de imposición de cuestiones morales, reduciendo a las mujeres a un rol exclusivamente reproductivo.

La despenalización del aborto ante riesgo de vida para la mujer, inviabilidad de vida extrauterina del feto y violencia sexual, requiere de un debate enmarcado en un contexto de urgencia; alejado de creencias y valores morales o religiosos de índole personal. El Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible de conducir una discusión pública informada y participativa, que zanje una de las deudas que la democracia tiene con los derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía plena.

Crecientemente la ciudadanía demanda reformas normativas que resguarden los derechos de las mujeres. Desde hace más de una década, múltiples encuestas de opinión dan cuenta de un amplio apoyo a la legalización del aborto en las tres causales que se debaten.

De acuerdo a la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2014 de Corporación Humanas el 79,2% de las mujeres está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer, el 74,2% en caso de graves de malformaciones fetales y el 72,9% si el embarazo es producto de una violación.

La encuesta Plaza Pública CADEM (febrero 2015) señala que el 79% de la población está a favor del derecho de la mujer a abortar; el 19%, en contra. A su vez, sólo un 41% está de acuerdo con que los médicos puedan aplicar la objeción de conciencia, y un 32% con que los centros de salud de la UC se nieguen a practicar este tipo de intervenciones.

La encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de julio de 2014 también evidencia una opinión mayoritaria a favor de estas causales: el 72% de los encuestados está de acuerdo con la despenalización ante el riesgo de vida de la mujer; el 71% ante la inviabilidad extrauterina del feto y el 70% cuando el embarazo es producto de una violación.

Desde el Observatorio de Género y Equidad consideramos fundamental aportar al debate sobre el tema. Para ello conversamos con actoras relevantes quienes, desde su experticia y espacios de acción, entregaron sus reflexiones al respecto.

Karol Cariola, Diputada del Partido Comunista:“Llegó el momento de pensar en políticas públicas que eviten abortos clandestinos”. Leer más

Carmen Castillo, Ministra de Salud: "Creemos que en este momento, las tres causales específicas señaladas por el proyecto de ley son las que son factibles de dar curso y gestionar". Leer más

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas: “Proyecto no resuelve problemática de los embarazos no deseados que existen en Chile”. Leer más

Adela Montero, médica y gineco–obstetra: "La penalización empuja a las mujeres al aborto inseguro. Se debe objetar a favor de los Derechos Humanos de las mujeres”. Leer más